PROCURADORA ARELY GÓMEZ GONZÁLEZ RECIBIÓ AL ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS
La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, recibió esta mañana al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, y enfatizó que un país que no respete los derechos humanos carece de un proyecto de Estado sólido y con futuro.
Enfatizó que “el firme compromiso de hacer frente a nuestras obligaciones internacionales, de cara al derecho común universal de los derechos humanos, así como la necesidad de incorporar los más altos estándares de protección, siempre han sido objetivos de suma importancia para México”.
En la sesión de trabajo, efectuada en el salón Procuradores del edificio central de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González detalló que la protección de los derechos humanos en uno de los cuatro ejes transversales que rigen su gestión, y reiteró que la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el Gobierno de la República “contribuye a fortalecer la observancia de los derechos humanos, dando particular seguimiento a la atención de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en la materia, la aplicación de las recomendaciones formuladas a México por diversos órganos, así como por mecanismos internacionales de derechos humanos”.
Es por ello que “reconozco enfáticamente el trabajo de promoción, divulgación y apoyo que ha efectuado la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, subrayó.
La Procuradora refrendó el compromiso de seguir adelante en la cultura de la protección de los derechos humanos, como política de Estado. En este sentido ponderó la reforma constitucional en la materia del 10 de junio de 2011; punto de inflexión en la realidad de nuestro país, sostuvo.
Sostuvo que dicha reforma es acompañada de una transformación en la mentalidad de juristas, jueces, legisladores, futuros abogados y a su vez la dinámica del rol que deben desempeñar las instituciones públicas; asimismo ha representado un cambio de paradigma en la vigencia de la cultura de los derechos humanos en la sociedad mexicana.
“Marcó la pauta para diseñar e implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos, dijo, como se desprende expresamente del renovado artículo 1° de la Constitución: todas las autoridades están obligadas, en el ámbito de sus competencias, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, manifestó.
Puso de relieve el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, el cual ha puesto en sintonía todas las acciones de gobierno y la implementación de políticas públicas eficientes, centradas en lograr la plena vigencia de los derechos humanos.
Indicó que todavía hay muchos retos que se avecinan, así como problemáticas específicas que requieren atenciones focalizadas de particular urgencia y relevancia. “Este escenario se atenderá mejor, si existe una coordinación de esfuerzos entre autoridades nacionales y organismos internacionales, como es el caso de los que integran el Sistema Universal de los Derechos Humanos”.
Arely Gómez González refrendó su convicción de que podremos contar con asesoría y asistencia en materia de estrategias, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos en nuestro país, a través de la Oficina en México del Alto Comisionado.
Expresó a los visitantes que la Procuraduría será facilitadora para la continuidad de sus actividades en México, y tomará en consideración las obligaciones asumidas en todas las convenciones internacionales de derechos humanos de las que México es parte.
La Procuradora General de la República expresó que el desarrollo normativo en defensa de la dignidad humana en todas sus vertientes pasa por un tamiz particularmente sensible tratándose de la materia penal. Informó que en México se dará muy pronto un gran paso al cobrar vigencia en todo el país el Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Adicionalmente, dijo antes de que termine el año se presentarán al Congreso de la Unión las iniciativas de la Ley General de Desaparición Forzada y de Tortura. “En tanto, desde el pasado miércoles 19 de agosto, durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, aprobamos los protocolos homologados para la investigación de casos de tortura y para la búsqueda de personas desaparecidas en toda la República. Estos instrumentos, hoy vigentes para todas las instituciones de procuración de justicia en el país, son resultado de un amplio proceso de consulta, en el que participaron organizaciones de la sociedad civil y expertos en la materia”.
Categórica manifestó que los proyectos de Estado de esta envergadura deben contar con un amplio margen de legitimidad, para que sean capaces de ofrecer soluciones integrales y prácticas ante las diversas problemáticas que se enfrentan en materia de derechos humanos. Ese es un compromiso fundamental de mi gestión, remarcó.
Por ello la Procuraduría General de la República reitera su disposición e interés en dar cumplimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a las distintas recomendaciones en materia de Derechos Humanos de los Comités y Grupos de Trabajo vinculados a la oficina del Alto Comisionado.
“Reitero mi fiel compromiso para procurar justicia con respeto irrestricto a los derechos humanos, no quedando solamente al margen de lo que marcan los mínimos internacionales, sino a través de una actitud proactiva conciliadora y, como la propia naturaleza de estos derechos, progresiva”, finalizó.
Por su parte el Alto Comisionado de Naciones Unidas manifestó su respaldo al estado mexicano mediante esquemas de colaboración y asistencia para atender los casos que involucren violaciones a los derechos humanos.
Reconoció el trabajo de la PGR en el desarrollo de los protocolos de investigación y el hecho de promover una mayor vinculación entre la dependencia y la sociedad civil para contar con retroalimentación.
Asimismo, confió en que las iniciativas en materia de tortura pronto se conviertan en leyes.
La delegación visitante estuvo conformada, además del Alto Comisionado Zeid Ra’ad Al Hussein, por el Jefe de la División para las Américas, Europa y Asia Central, Gianni Magazzeni; el Encargado de la OACNUDH en México, Jesús Peña; el funcionario de esa oficina Alan García; de la Oficina de Derechos Humanos Sección América,Erik Fattatorelli, y el Portavoz Rupert Colville.
Por parte de la PGR participaron también los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón; de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres; Especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, Gustavo Salas Chávez; Especializado en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero, y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, además del Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, y el Director General de Seguimiento de Proyectos Especiales, Jaime Chávez Alor.
La Secretaría de Relaciones Exteriores estuvo representada por el Encargado de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, Erasmo Alonso Lara Cabrera, y la Directora General Adjunta de Derechos Humanos, Mariana Olivera.