Privilegios o Justicia

• Privilegios o Justicia
• Guerrilla y Contrabando
• La Propaganda Frustrada

Por: Rafael Loret de Mola

Están claras las líneas del gobierno federal en materia recaudatoria: condonar millones a las empresas multinacionales y concentrarse en los causantes cautivos menores, sobre todo si se les concede el privilegio de la celebridad, para implementar el terrorismo fiscal. El objetivo es que bajemos la guardia ante los emisarios de la administración para, debilitados por el acoso, disminuya la presión social tomando en cuenta la crispación general en aumento como consecuencia de las reformas impopulares aprobadas a fines del pasado año. Sólo falta que nos ordenen permanecer en nuestras casas mientras la clase política, intocable, se pavonea ante nuestras ventanas.

Así, por ejemplo, el jefe del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez Sánchez, con amplia trayectoria en el servicio público según cuenta su currículum, insiste en que no tolerará a morosos mientras a quienes cumplan con sus obligaciones le serán otorgadas todas las facilidades. El concepto es excelente; lo que no va bien es, precisamente, las complejas modificaciones que, cada año, se realizan para atornillar a los causantes cautivos, confundirlos e incluso llevarlos hacia el paredón bajo la argucia de no encontrarlos, esto es como si fueran ilocalizables los artistas que aparecen en las pantallas chicas, los escritores y periodistas cuyas direcciones electrónicas aparecen al pie de sus trabajos, o incluso los políticos con funciones especificas y cargos ampliamente conocidos. Es, por decir lo menos, bastante absurdo.

Así que mientras el superior gobierno resuelve la manera de convertir el término “concesión” al de “contrato”, para fines de entrega de nuestros energéticos, y se esmeras en simular que nuestras tasas tributarias son de las más altas en el mundo –dos y hasta tres veces más que en las naciones en desarrollo-, apostando a exprimir a quienes viven al día con ingresos cada vez con menor poder adquisitivo, se abre una larga lista de deudores al fisco sin detenerse en los derechos fundamentales y con el propósito evidente de causar descrédito y descalificación, sobre todo en el caso de las mujeres y hombres que se deben a la vida pública y cuyas imágenes son esenciales para dar la cara cada día. ¿Puede encontrarse algún grado de reciprocidad entre quienes ejercen el poder y cuantos no lo tienen aun cuando cuenten con fama pública?

Pareciera, entonces, que ser conocido es una grave equivocación personal por cuanto a que con ello se eleva la vulnerabilidad, precisamente por estar en la mira; no obstante, a la mayor parte de los enlistados como morosos, se les considera ¡ilocalizables!, cuando, como es obvio, están a la vista de todos y sus trabajos, creativos o farandulescos, son observados por miles o millones de personas… excepto por los cobradores de impuestos que dejan pasar el tiempo hasta convertirlo en su aliado para asfixiarlos. ¿Es ésta la forma de actuar de un gobierno democrático?

Recuérdese, una vez más, un principio fundamental: los funcionarios públicos NO pueden actuar más allá de sus límites, demarcados en los organigramas correspondientes y bajo la fuerza de la ley que parece letra muerta en la línea en donde comienzan las interpretaciones ad hoc, NI tomar medidas que pongan en duda la dignidad y el honor de sus gobernados para después descalificarlos, por ejemplo, como críticos o pensadores con la libertad y el valor suficientes para negarse a seguir, a pie juntillas, las “órdenes” de un gobierno que olvida los consensos e impone reformas y obras sin medir la voluntad de los beneficiarios e incluso de una generalidad más amplia.

La agresión contra los derechos humanos, al publicar las listas de supuestos deudores –porque sentencian sin antes permitir la defensa jurídica y el deslinde de las acusaciones-, con el único propósito de dañar la reputación de los mismos –en realidad, el desprestigio del gobierno es tal que han resultado beneficiados al percatarse la opinión pública de los afanes persecutorios intentando silenciarlos-, es tan evidente como que no saben gobernar quienes obtuvieron el usufructo del poder a partir de una distribución malsana de despensas, bonos y dinero en efectivo, sobre todo en el último tramo de la campaña presidencial de 2012. Esta carga, histórica, sí que es bastante mayor a la impositiva; y no la soportan los señalados por la ciudadanía ahíta y cansada de triquiñuelas y manipulaciones. Ante el juicio de la historia ya veremos cómo quedan unos y otros.
¿Por qué, en los últimos años –con el PAN en el poder y luego tras la supuesta transición política de diciembre de 2012-, las deudas, privada y pública, interna y externa, ascendieron a un billón de dólares, más de cinco tantos de lo reservado por el Banco de México en divisas –176 mil 500 millones d dólares, fluctuantes hacia el alza-, sin siquiera invertir en infraestructura, como lo ordenaba la Constitución para el caso de los empréstitos públicos, lo necesario? Porque resulta que las obras realizadas tuvieron como destinatarios a los narcotraficantes, o bien, como ahora, a las comunidades más queridas por los actuales depositarios del Ejecutivo federal… en el Estado de México. El país, hay que recordarles, es bastante más amplio y sigue imbuido en una violencia correosa por lo intricado de sus orígenes y efectos –por ejemplo, el abaratamiento de nuestro suelo que tanto beneficia a los consorcios del exterior-, con la consiguiente propaganda que nos deja en indefensión.

¿Servirán los impuestos para seguir sosteniendo la pésima imagen de una nación clasificada como la segunda con el mayor número de víctimas, por enfrentamientos bélicos, del mundo?¿O para comenzar a contrarrestar, ya desde ahora, la sensible pérdida de los ingresos gubernamentales a partir de que los “co0ntratos” de renta en el renglón energético comiencen a tener vigencia? Desde luego, vemos lejana la posibilidad de que se nos informe, a todos, sobre el destino puntual de lo recaudado para evitar, si es el caso, sorprendernos con lo poco que llega a las comunidades en cumplimiento del principio toral de justicia social, sobre todo para equilibrar las tremendas desigualdades?

Pero no. Es difícil creer en las buenas intenciones oficiales. Más cuando, insisto, no habla el jefe del SAT, con nombre del ilustre científico y filósofo griego aunque debiera superar las clásicas recetas de éste, de las grandes compañías a las que condonan sus adeudos con la mayor facilidad y expone al escarnio público a quienes deben nimiedades pero, curiosamente, le resultan especialmente incómodos o antipáticos a algunos de los cuadros del gobierno. Esta es la línea conductora general aun cuando entre los citados –entre ellos este columnista a quien el castigo de la difamación no le llega-, se encuentren adversarios en la lid política y periodística al lado de periodistas del mundo “rosa” y artistas d la canción todavía de moda. ¿Quién fue el atinado encargado de escogernos para hacer precisa la intención de amedrentar al colectivo? Esta es, sin duda, la interrogante clave.

No es exprimiendo a los causantes cautivos, quienes pueden cometer errores naturales por la diversidad de cambios en la estructura fiscal –hasta los contadores más avispados se les va alguna liebre, no digamos a quienes ni siquiera cuentan con los servicios de uno de ellos-, la ruta para llegar a una recaudación justa que posibilite el desarrollo. Recuérdese el ejemplo de algunas naciones sudamericanas, concretamente Bolivia, que optó por dejar tributos, por un tiempo, para acelerar el desarrollo… y los resultados fueron espléndidos para sorpresa de los siempre pesimistas economistas que hacen su agosto cada que se nos aparece un huracán crítico; de otra manera, ¿de qué vivirían?
Debate

Sin el contrabando incesante de armas, desde Estados Unidos –insisto, a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera hay mil quinientas armerías, una por cada dos mil metros-, sería imposible el sostenimiento de los cerca de cien grupos armados que pululan por la República y ponen en jaque a las fuerzas armadas y a las policías de nuestro país. De hecho, el mercado negro –incluso fomentado por elementos de alta graduación de las Fuerzas Armadas-, es el que provee a las guerrillas –lo confesó alguna vez el “subcomandante Marcos”-, y demás células criminales, no sólo en los estados con conocida influencia de éstas sino incluso en otros en donde sólo en apariencia hay tranquilidad.

Por ejemplo: a finales de este mes se celebrará la “plenaria” de los senadores del PRI en Mérida, la de Yucatán, una entidad castigada por los cacicazgos regionales y los deplorables gobiernos afines a éstos. Y hace una semanas, en Oxkutzcab y Tekax, en el sur del estado, el ejército debió intervenir para “frenar” una revuelta cuyo origen no es del todo claro pero tiene mucho parecido con la aparición de los “comunitarios para la autodefensa” de la ingobernable Michoacán donde se mantiene el debate sobre si se deben o no desconocer los poderes. Ya explicamos que tal sería un enorme error porque conllevaría el riesgo de que los violentos se adjudicaran la victoria y optaran por tomar las ciudades de mayor población incluyendo la capital, Morelia, ante la superioridad en pertrechos y elementos de las bandas extralegales.

El hecho es que los brotes de inconformidad aumentan y los destacamentos militares –en Yucatán, el situado en Valladolid ha estado especialmente activo dentro de la XXXII Zona Militar otrora muy calmada-, no se dan abasto porque les han ordenado traslados de emergencia hacia las entidades más visiblemente vulnerables sin detenerse en los antecedentes: el triángulo del sureste, por cierto, en donde los radares aéreos callan y los aeropuertos clandestinos proliferan en las narices de los gobernadores, entre ellos dos mujeres con líneas paralelas, desde el lejano año de 1984.

De nada sirven ya las palabras. Es necesario comenzar a dar partes precisos, sobre bajas y avances o lo contrario, para situar a los mexicanos en el justo escenario de las tragedias. ¿O se trata de especular para que el temor generalizado siga abaratando a México?

La Anécdota

Mientras los eventos violentos continúan, hay quienes optan por… hacerse publicidad. ¿Y quiénes actúan así? Simple: aquellos que desean subir en la escala política, digamos los gobernadores quienes ya se lanzan en pos de la Presidencia al observar que los miembros del gabinete peñista, aunque no se den los cambios esperados, se han desgastado severamente.

Uno de ellos es, sin duda, el chiapaneco Manuel Velasco Coello –nieto de un gran gobernador y sobrino de un siniestro subprocurador general; los genes han de sostener una guerra más allá de lo biológico-, a quien se cuestiona pos los gastos excesivos de su propaganda personal cuando su entidad se debate, de manera por demás angustiosa, entre la miseria, la violencia y la escasa salubridad. La extraña amistad de éste con el mandatario federal, que le permitió ser apoyado por el PRI siendo militante del Verde Ecologista, compromete aún más cuanto gasta innecesariamente en su promoción personal. Pero, ¡cuidado! Mientras más se sube las caídas suelen ser más dolorosas y dañinas.

Web: www.rafael-loretdemola.mx
E-Mail: loretdemola.rafael@yahoo.com
LA UNIDAD NECESARIA ENTRE LOS PARTIDOS Y, SOBRE TODO, ENTRE LOS MEXICANOS, NO SE ALCANZARÁ CON ACTITUDES AUTORITARIAS, REPRESORAS O SIMULADORAS. EL JUEGO ES AL CONTRARIO: EL DEL ACERCAMIENTO, LAS BUENAS CUENTAS Y EL LIDERAZGO EFICAZ QUE SE SOSTENGA CON BASE EN LA POPULARIDAD Y NO EN LAS BIENAVENTURANZAS DE LOS CÓMPLICES DEL PODER. ÉSTA ES LA CLAVE, NO MUY DIFÍCIL DE COMPRENDER CUANDO SE TIENE VERDADERA VOCACIÓN DE SERVICIO; EN CASO CONTRARIO, SALE SOBRANDO CUALQUIER CRÍTICA CONSTRUCTIVA.