APRUEBA COMISIÓN LEGISLATIVA MARCO LEGAL DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA

• Por unanimidad, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura avaló la iniciativa del gobernador.
• El objetivo es facilitar su coordinación con las dependencias de la administración estatal.

Con el fin de que la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, cuente con un adecuado marco jurídico que le permita coordinarse con diversas dependencias de la administración estatal, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LVIII Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la reforma legal correspondiente.

En sesión de trabajo que presidió el diputado Apolinar Escobedo Ildefonso (PRI), los diputados locales consideraron necesaria la reforma propuesta por el gobernador, Eruviel Ávila Villegas, enriquecida con las aportaciones de los Grupos Parlamentarios, que modifica las leyes de Defensoría Pública, la que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de la Función Registral, la de Expropiación, la del Notariado, Orgánica de la Administración Pública y la Reglamentaria de las fracciones XV y XVI del artículo 61 de la Constitución Política, así como los códigos Administrativo y Financiero de la entidad.

Cabe recordar que la Consejería Jurídica, creada el pasado 19 de diciembre de 2012 y que asume diversas funciones que desempeñaba la Secretaría General de Gobierno, es la dependencia encargada de planear, programar, dirigir, resolver, controlar y evaluar las funciones del registro civil, del notariado, las relativas a la demarcación y conservación de los límites del estado y sus municipios, de la función registral, de los asuntos religiosos y la administración de la publicación del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.

De igual forma, las relativas al reconocimiento, promoción, atención y defensa de los derechos humanos desde el Poder Ejecutivo, de información de los ordenamientos legales y de coordinación con los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la administración pública estatal.

Una vez aprobada, se remitió a la presidencia de la Legislatura para su debida programación ante el Pleno.