La niñez invisible
POR CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA
Ahora cuando se discute la aprobación del Presupuesto para el 2016, viene muy del caso colocar sobre la mesa ciertos temas cuya importancia para la población no parece coincidir con las prioridades de los sectores político y empresarial. Entre ellos, el sempiterno déficit en educación y salud, cuyo impacto en la calidad de vida y oportunidades de desarrollo resulta más que obvio.
Durante décadas, todos los análisis, propuestas, discusiones y aprobaciones de los presupuestos del Estado han permanecido fuera del ojo público. Por muchas razones, entre ellas una persistente desincentivación de la fiscalización ciudadana por medio de candados sobre la información oficial, estrategias para desviar la atención mientras se tejen los acuerdos y una secretividad que solo puede justificarse por la opacidad de esas negociaciones.
Pero ya viene siendo la hora de conocer los detalles y para eso se requiere de la voluntad y el esfuerzo coordinado de una ciudadanía mucho más alerta y consciente de su papel como dueña y soberana del país y sus instituciones. Cuánto se destinará y cómo se va a gastar, es algo de importancia vital para el futuro del país. También debe realizarse un estudio sensato sobre las partidas presupuestarias para no caer en el error de creer en las maniobras ideológicas del sistema de libre mercado, cuya eterna propuesta es reducir el tamaño del Estado para aprovechar la oportunidad de privatizar todo lo privatizable. Todo lo contrario, el Estado debe contar con un presupuesto suficiente para hacer su tarea y cumplir con los mandatos constitucionales, así como para propiciar el desarrollo en una plataforma de equidad y justicia.
A lo que se debe poner el ojo —y rectificar cuanto antes— es a aquellas leyes que favorecen la evasión, como subsidios y fundaciones creados para no pagar impuestos sobre las ganancias, enfocar la atención en la corrupción y opacidad en el sistema de compras y contrataciones, así como en múltiples espacios abiertos a la rapiña como ha sido la ejecución del presupuesto a través de las municipalidades y los Consejos de Desarrollo.
Algo importante de destacar es la inconsistencia entre el discurso político y la realidad pura y llana cuando de dinero se trata. A la niñez, aquella tan útil como adorno durante las campañas, la están dejando sin escuelas. Serán 300 mil las niñas y niños cuyo derecho a la educación será violado, impidiéndoles el acceso a las aulas. El sistema educativo estatal tampoco recibirá beneficio alguno, porque el presupuesto para 2016 no contempla el menor incremento a la educación —el propuesto resulta ridículo frente a las necesidades— y, por lo tanto, la capacitación de maestros y el estado de la infraestructura seguirán en constante deterioro.
Quizá todo se resolvería de golpe y porrazo si las autoridades tuvieran el valor de aplicar la Ley de Extinción de Dominio —de inmediato— a las fortunas obscenas de ex funcionarios y otros individuos quienes con total descaro han robado los impuestos tributados por una población cada día más empobrecida. De acuerdo con las leyes del país, eso se puede realizar sin mayor trámite, dado que son fondos no justificables.
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