El próximo desafío
CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA
Se percibe a través de los medios, las redes sociales y las pláticas de salón, un gran temor en la ciudadanía sobre el futuro inmediato de la nación. Al parecer, se desprende un convencimiento de que el país entra en una etapa de repetición de los viejos esquemas y las mismas costumbres en el manejo de los asuntos de Estado, otro eslabón en la cadena de la corrupción institucionalizada desde hace más tiempo del que es posible recordar.Sin embargo, es importante destacar que la ciudadanía no ha permanecido estancada en su nicho de silencio. Algo hizo reventar la burbuja y de pronto surgen voces e iniciativas cuyo potencial de incidencia se verá en los próximos meses y los siguientes cuatro años, cuando una nueva administración tome el control de los asuntos de Estado. Esas nuevas voces son de una población mayoritariamente joven, dueña de un espacio generacional que le permitirá actuar en distintos ámbitos con una energía más saludable y menos condicionada por los viejos parámetros de la política. Aun así, parece persistir un escepticismo bastante razonable entre la ciudadanía activa, aquella cuya participación durante las manifestaciones frente al Palacio de Gobierno en una sucesión excepcional de actos de protesta marcó un salto cuántico en la actitud de la población respecto de sus autoridades, a nivel nacional.
Los políticos tradicionales se acomodan después de los remezones provocados por las protestas. Da la impresión de que, después de todo, han logrado conservar importantes cuotas de poder en el Congreso de la República y en otras instituciones claves, lo cual representará un obstáculo a vencer para la consecución de los cambios requeridos en función de alcanzar un pleno imperio de la democracia y estado de Derecho.
Esta nueva etapa, iniciada a partir de las revelaciones de corrupción en las altas esferas del Gobierno, demanda una nueva visión de los asuntos públicos desde la participación ciudadana, cuyo despertar contribuyó a provocar una sucesión de hechos de enorme trascendencia, como el antejuicio y posterior renuncia del Presidente y la Vicepresidenta —actualmente ligados a procesos penales por delitos cuya gravedad excluye cualquier medida sustitutiva—, así como las investigaciones sobre supuestos delitos cometidos por candidatos a puestos de elección, funcionarios electos y representantes de otros sectores.
Esto recién empieza, dicen los hashtags en las redes sociales. Y así parece ser. Apenas empieza y continuará en la medida que el Ministerio Público, la Cicig y el sistema de justicia actúen como hasta ahora. Pero, sobre todo, si la ciudadanía sigue alerta y no se duerme en sus laureles.