El Artículo 4º
POR CAROLINA VÁSQUEZ ARAYA
No nos tapemos los ojos, seamos consecuentes con el discurso ético con el cual solemos enjuagarnos la boca a diario y luchemos contra esta injusticia. Empecemos por recordar el Artículo 4º de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual reza textualmente: “Libertad e Igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí”.
Entonces, si este es el mandato constitucional, queda en franca evidencia el irrespeto de estos diputados por la Carta Magna que han jurado respetar y defender. Porque no es posible ratificar, con fuerza de ley, la discriminación, el abuso sexual, el machismo y la amenaza de vida para un sector minoritario carente de poder y recursos para defenderse de un sistema diseñado en función de otros intereses.
El viernes se divulgó la campaña de la ONU por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales 8 de ellos mencionan de manera implícita o explícita la igualdad y la inclusión de todas y todos para alcanzar una vida plena con educación, un hábitat saludable y protegido, oportunidades para el desarrollo personal y todo aquello que merece cualquier ser humano sobre el planeta. Mientras tanto, un Congreso de la República colocaba una lápida sobre el futuro de las niñas de Guatemala.
Ya lo comentó Carolina en su columna, pero veamos de nuevo las cifras compartidas por la Osar: 4,431 niñas embarazadas de entre 10 y 14 años, entre enero y agosto. Y en el rango de 15 a 19 años, 64,398 adolescentes embarazadas, la mayoría por violación perpetrada por hombres de su entorno cercano, de los cuales una tercera parte es el padre biológico. Ahora es el momento de extrapolar esta realidad a nuestro propio entorno, el entorno familiar en donde nos creemos tan impolutos y quizá así comprendamos la dimensión de este crimen.
Una sociedad con miras al desarrollo integral de su pueblo no puede ni debe tolerar este abuso contra el germen mismo de su comunidad. Es —además de una actitud francamente deplorable— un crimen de lesa humanidad. Las niñas merecen respeto, iguales oportunidades y un marco jurídico diseñado para protegerlas de toda clase de agresiones contra su integridad física y psicológica.