Suman visiones Morena y PAN para proteger patrimonio documental estatal
Coinciden grupos parlamentarios en la necesidad de expedir la Ley de Archivos.
Los grupos parlamentarios de Morena, PRI y PAN en el Congreso mexiquense coincidieron en que los dos proyectos para expedir la Ley de Archivos del Estado de México presentados por las diputadas María Elizabeth Millán García y Brenda Escamilla Sámano, en nombre de Morena y del PAN, respectivamente, son complementarios y ayudarán a establecer los principios y las bases generales para la organización y preservación de los archivos que formen parte del patrimonio documental estatal.
En reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Transparencia, Acceso a la información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción, presididas por las legisladoras Mercedes Colín Guadarrama (PRI) y Brenda Escamilla, representantes de las bancadas de Morena, PRI y PAN puntualizaron que los aportes de los grupos parlamentarios han permitido fortalecer el proyecto para le Ley de Archivos estatal, por lo que acordaron que se trabaje en un dictamen para presentarlo en la próxima reunión.
La diputada María Elizabeth Millán y el diputado Gerardo Ulloa Pérez (Morena) concordaron en que es necesario armonizar la legislación local con la federal en materia del uso, resguardo y destino de los documentos administrativos e históricos del Estado de México e impulsar un marco jurídico de vanguardia en el control y cuidado de los archivos, en tanto que su compañero de bancada, el diputado Max Agustín Correa Hernández, señaló que el proyecto ayudará a fortalecer la transparencia en los gobiernos y el combate a la corrupción.
Brenda Escamilla recordó que la base de las iniciativas es la Ley General de Archivos y que es necesario una armonización con lenguaje incluyente y con principio de paridad, por lo que reconoció la aportación de los grupos parlamentarios para fortalecer el proyecto; en tanto que en nombre del PRI, el diputado Marlon Martínez Martínez subrayó la necesidad de registrar la actividad de las instituciones y brindar certeza a la ciudadanía al eliminar prácticas incorrectas en la protección de documentos que forman parte del acervo.
