Piden al Gobierno Federal recuperar los derechos del Viaducto Bicentenario
La 60 Legislatura del Estado de México exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que, de ser procedente, realice el trámite administrativo y judicial de recuperación de la titularidad de derechos del Viaducto Bicentenario, y al titular de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México para que haga público el monto preciso de la inversión de Aleática pendiente de recuperar en el Circuito Exterior Mexiquense, junto con los documentos que lo acrediten fehacientemente.
El punto de acuerdo aprobado por unanimidad, y presentado por el diputado Max Agustín Correa Hernández en nombre del Grupo Parlamentario de morena, pide a la dependencia federal que, de proceder, realice el aseguramiento de las obras, instalaciones y todos los bienes muebles e inmuebles dedicados a la explotación del Viaducto Bicentenario y los ponga bajo custodia de un interventor especial.
También le pide que instruya lo necesario a efecto de que se formule la denuncia de hechos probablemente constitutivos de delito ante la Fiscalía General de la República, en relación con la construcción y explotación del Viaducto.
Al dar lectura a la propuesta ante el Pleno, el legislador afirmó que Aleática (antes OHL), al explotar el Viaducto Bicentenario en beneficio propio, sin concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha incurrido en irregularidades normativas.
Lo anterior, explicó, debido a que un tramo de la obra está bajo el régimen de camino federal, por lo que es la secretaría de ese ámbito la que debe otorgar la concesión, ya sea para realizar obras o para su explotación.
El legislador recordó que en mayo de 2018, mil 972 millones de pesos provenientes de las afores de trabajadores y del Fondo Nacional de Infraestructura se utilizaron para comprar a precio elevado una participación en las obras de infraestructura mencionadas.
Apuntó que en varios eventos se informó que el Fondo Estatal de Inversión Canadiense (CDPQ) había comprado ese 49%. Sin embargo, precisó, el CDPQ no se hizo del 49%, sino del 45.5 %, y el 3.5 % restante fue adquirido por diversas administradoras de fondos para el retiro a través de Banco Invex. Así, destacó, se emitieron 36 mil certificados bursátiles por 2 mil millones de pesos que fueron a parar al capital social de la Organización Proyectos de Infraestructura (OPI), filial de OHL, hoy Aleática, y operadora del circuito.
En este sentido, expuso que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal presentó, en días pasados, una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República en contra de Aleática y otras personas, por hechos posiblemente constitutivos del delito tipificado como lavado de dinero.
Además, dicha Unidad anunció que presentaría el expediente con evidencias suficientes para iniciar un proceso formal de investigación a dicha empresa, a fin de detectar los posibles actos que pueden dar pie a la comisión de ilícitos por parte de funcionarios y empresarios.
Asimismo, el diputado especificó que el secretario de Comunicaciones estatal, durante la glosa del informe de gobierno 2019, dijo, respecto a las deudas que aún tiene el estado con la concesionaria, que se había contratado a una empresa privada para hacer una auditoría al Viaducto Bicentenario y al Circuito Exterior Mexiquense; sin embargo, el titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones de la entidad dijo que “no se ha celebrado contrato alguno cuyo objeto comprenda la realización de una auditoría” a esas obras.
Max Correa señaló que los casos de manipulación y ocultamiento de datos sobre los ingresos por cuotas de las dos vías han sido expuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esto, detalló, a pesar de que Aleática ha pagado auditorías e informes financieros sobre ingresos por cuotas y peajes, omitiendo información de los procedimientos de las auditorías realizadas, donde se registran inversiones por más de 131 mil 500 millones de pesos y créditos por más de 7 mil 500 millones, lo que les permite seguir incrementado la deuda que el estado tiene con ellos, para así justificar la posesión de las vías de comunicación, “lo que obliga al gobierno estatal a reconocerles estos montos, que cada año se incrementan para convertirse en una deuda interminable”.