PGR EJERCIÓ ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE 6 INTEGRANTES DE GRUPO CON ACTIVIDADES DELICTIVAS EN JALISCO
Por conducto de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció acción penal en contra de seis probables integrantes de grupo con actividades delincuenciales en el estado de Jalisco.
La SEIDO informó que el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud, consignó a cinco individuos y a una mujer por suprobable responsabilidad en violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Detalló que los hombres fueron ingresados al Centro Federal de Readaptación Social número 14, en Gómez Palacio, Durango; en tanto que la mujer fue recluida en CEFERESO Femenil de Nayarit. Los seis quedaron a disposición del Juez Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Jalisco.
A los seis recluidos se les relaciona con el círculo de seguridad más cercano del probable líder del grupo con actividades criminales en el Occidente del país, específicamente en el estado de Jalisco.
Los ahora consignados fueron detenidos por elementos de la Policía Federal, adscritos a la División Antidrogas comisionados en Jalisco, luego de ubicar un convoy de cuatro vehículos que circulaba a alta velocidad sobre la Carretera Acatlán de Juárez-Ciudad Guzmán, con dirección hacia la Ciudad de Guadalajara. Los ocupantes iban visiblemente armados e ignoraron la señal federal de detenerse; fueron perseguidos.
Tres de los cuatro automotores ingresaron al estacionamiento de un hotel en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco, donde fueron capturadas las seis personas, provistas de 5 armas de fuego largas y 4 cortas, todas reservadas para uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como 600 cartuchos útiles, 2 chalecos tácticos, 3 vehículos, polvo blanco con las características de un alcaloide y pastillas al parecer psicotrópicas.
Con estas acciones, el Gobierno de la República, a través de la Procuraduría General de la República, reitera su compromiso de combatir los delitos con todos los recursos que le provee la Ley, en estricto apego a los derechos humanos y el debido proceso.