Mayores penas por delitos digitales contra mujeres y niñas, plantea el PAN
Plantea sanciones de hasta siete años de prisión y multas de 200 a 400 unidades de medida.
Las penas aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra de mujeres o de quien no pueda comprender el significado del hecho.
Al condenar el incremento de la ciberdelincuencia, en particular, de la violencia digital contra mujeres y niñas, la diputada Karla Leticia Fiesco García propuso, en nombre del grupo legislativo del PAN, reformas al Código Penal y a la Ley de la Fiscalía General de Justicia, ambos del Estado de México, para agravar las penalidades por este delito y crear la Fiscalía Especializada en Delitos Digitales.
La iniciativa plantea sanciones de hasta siete años de prisión y multas de 200 a 400 unidades de medida y actualización (UMA) a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona, la elaboración o remisión de imágenes o grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de naturaleza erótico, sexual o pornográfico bajo amenazas, o divulgue datos e información privada o sobre asuntos personales, datos apócrifos, insultos, amenazas, mensajes de odio, a través de cualquier tecnología de la información y la comunicación.
Prevé además que, a quien, con la anuencia del sujeto pasivo, haya obtenido imágenes personales, datos e información privada y/o sobre asuntos personales u otras impresiones gráficas y sonoras y las revele o difunda sin consentimiento de la víctima, a través de cualquier tecnología de la información, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 UMA.
En ambos casos las penas aumentarán hasta el doble cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años, en contra de mujeres o de quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que, por cualquier causa, no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento, casos en los que el delito se perseguirá de oficio.
La iniciativa, a la que se sumaron las legisladoras Beatriz García Villegas, de Morena, así como Araceli Casasola Salazar, en nombre del grupo parlamentario del PRD, y María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre del PVEM, fue remitida para su dictamen a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
