Llama la legislatura a los ayuntamientos a no imponer medidas coercitivas para uso de cubrebocas
Por considerar que no se cuenta con los protocolos definidos y precisos para hacer efectiva la obligatoriedad del uso de cubrebocas en determinados espacios públicos, la 60 Legislatura del Estado de México exhortó a los 125 ayuntamientos de la entidad a que se abstengan de imponer sanciones económicas y privativas de libertad (arresto) a quienes, estando dentro de sus territorios, no los usen.
El punto de acuerdo, propuesto por el diputado Julio Alfonso Hernández Ramírez (morena), los exhorta también a que, en lugar de imponer estas acciones, atiendan la Recomendación General 2/2020 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) del 26 de junio de 2020, que llama a las administraciones municipales a que, en coordinación con las autoridades sanitarias estatales y las defensorías de derechos humanos de cada alcaldía, capaciten a las y los servidores públicos de las corporaciones policiales y de protección civil de su jurisdicción, así como a quienes están encargados de verificar el cumplimiento de las medidas preventivas, a efecto de que en el marco de las acciones para contener la emergencia epidemiológica se conduzcan con puntual respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Asimismo, los llama a que realicen campañas de difusión e información, a efecto de comunicar a la población el uso obligatorio y correcto de cubrebocas en los espacios públicos, establecimientos comerciales y transporte público, así como en los lugares que impliquen concentración de personas en los cuales se dificulte mantener la distancia mínima recomendada, con la finalidad de exhortar y concientizar a la colectividad sobre la responsabilidad social en la prevención y contención de la covid-19, que involucra la participación sensata y razonada de todas las personas.
Dispensada de trámite a comisiones de dictamen por la Directiva de la 60 Legislatura estatal, la iniciativa del presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos estima que, de aplicarse estas acciones coercitivas, “se generarían mayores afectaciones ante posibles excesos o abusos por parte de las y los servidores públicos, tal y como se ha registrado en otras entidades federativas, aunado al daño económico a la población y el riesgo de contagios por las concentraciones al interior de las instalaciones de las oficialías conciliadoras de los ayuntamientos”.
Durante el debate, el diputado Alfredo González González se pronunció por exhortar también a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a revisar el uso no autorizado de cubrebocas que no reúnen los requisitos técnicos adecuados para enfrentar la pandemia. Señaló que muchas personas están utilizando cubrebocas de tela que no detienen los contagios y no se está haciendo nada contra ello.
Por su parte la legisladora Karla Fiesco García (PAN) expuso que estudiosos y científicos como el Nobel mexicano Mario Molina han mostrado que usar cubrebocas es necesario, pues reducen el riesgo de contagio, y que los ayuntamientos que han decidido acciones coercitivas contra quienes no lo usan lo han hecho para atender sus propias y especiales condiciones. Señaló asimismo que la recomendación de la Codhem se dirige también a los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, por lo que es necesario trabajar en soluciones consensuadas frente a la pandemia. La diputada Fiesco García y sus compañeros de bancada se abstuvieron de votar el exhorto.
El legislador Julio Hernández se pronunció por prever la distribución masiva y gratuita de cubrebocas y gel antibacterial para las y los habitantes de cada municipio, con especial atención en las comunidades o colonias de escasos recursos económicos y grupos en situación vulnerable, con el objeto de contribuir a la prevención y mitigación de la contingencia sanitaria.