Bajo protesta de decir verdad: el Director de Protección Civil de Azcapotzalco y el uso indebido de permisos
Por Sonia Silva-Rosas / dsoniasilva@hotmail.com
Allá, en lo alto, el sol ilumina el tanque de gas que se aleja cada vez más del edificio. Abajo, con sus ojos puestos en el cielo, los vecinos (con cámaras en mano, tomando selfies y grabando vídeo con celulares) caminan lentamente, cuidan que sus pasos no tropiecen con algunos de los autos que, enfilados en el estacionamiento del conjunto habitacional, parecen rezar para que la mala suerte no reviente algunas de las cadenas que la grúa utiliza para trasladar esos tanques al pequeño vehículo que espera en la salida. Tal vez los vecinos tomarían un poco más en serio ese asunto de rezar y pedir con mucha Fe que no caiga uno de esos tanques, si supieran que algunos van llenos de gas e imaginen qué sucedería si uno de esos tanques cayera no sólo sobre los autos, sino también sobre sus hijos que corren y juegan muy cerca de la grúa que trabaja sin un protocolo de seguridad, sin la presencia de la Dirección de Protección Civil de Azcapotzalco, ante el desagrado y desdén exagerado y grosero de una administradora que busca ocultar su ineptitud e incompetencia hablando por teléfono, sin mostrar los permisos que -según ella- le proporcionó la institución gubernamental que faculta a las empresas para la labor de descenso y transporte de esos tanques estacionarios.
En Azcapotzalco ya es común andar con el Jesús en la boca, así están aprendiendo a vivir alrededor de 400,161 habitantes de la delegación chintolola ante el nulo trabajo de las autoridades, encabezadas por Pablo Moctezuma Barragán; y cómo no buscar la protección divina si, además del nulo trabajo y del trato déspota e indiferente de los funcionarios de estructura de la delegación, hay también directores de área que, encima de no trabajar y de no tener conocimiento del área que encabezan, se cubren la espalda y defienden su puesto haciendo uso indebido de permisos firmados por alguna de las Secretarías del Gobierno Federal, como la SEMARNAT, para abusar de la confianza de los vecinos y encubrir el fraude, el robo, la corrupción y actitudes de cacicazgo perpetrados por administradores de conjuntos habitacionales que cuentan con registro ante la Procuraduría Social del Gobierno de la Ciudad de México (PROSOC).
La historia de esta entrega nace de un hecho arbitrario y abusivo cometido por la administradora de la Unidad Habitacional Bonanza II, Carolina Miranda Olguín, y su socio, Jorge Cervantes Cervantes, dueños de la empresa ACBS Administradora Profesional (Certificado ante la Procuraduría Social de CDMX folio 563/ PSDF/SDGPC/C-2015. Registro: ODGAM/RA/224/2015) quienes se llevaron no sólo los tanques estacionarios de gas de uso doméstico de dicha unidad habitacional, sino también hasta los tubos de cobre que conectaban dichos tanques al servicio. Este hecho puso en evidencia no sólo que la PROSOC no termina de entender que es urgente y necesaria la regulación de este tipo de “administradoras profesionales”, sino que también descubrió la mitomanía del actual Director de Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco, Carlos Cervantes Godoy, quien cayó en una serie de contradicciones y hasta de mentiras al momento de justificar el no haber implementado los protocolos de seguridad obligatorios para este tipo de maniobras en una unidad habitacional.
En un principio, Carlos Cervantes Godoy, evidenciando su nulo conocimiento y su precaria experiencia en ésta que es una de las áreas más importantes de la función pública, el área de la Protección Civil, deja todo en manos de la Jefa de Unidad, María Guadalupe Becerra Martínez quien, a su vez, envió a Jonathan E. Riveros, parque de su equipo técnico, para que revisara uno de los tanques de la unidad habitacional. Durante la revisión, E. Riveros comentó que Carolina Miranda Olguín aún no entregaba los permisos para realizar el descenso de los tanques y que, de no entregarlos, no tendría autorización para llevar a cabo dicha maniobra, pues el Artículo 51 de la Ley del Sistema de Protección Civil para el Distrito Federal afirma que una de las etapas de Protección Civil es la Prevención, también tema central en el Artículo 56, fracción XIV que a la letra dice: […] Las demás que sean definidas por el sistema de Protección Civil y que estén dirigidas a la Prevención de las Personas, sus Bienes, su Entorno y su Información, por lo que era obligatoria la presencia del equipo técnico de la Dirección de Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco para atender cualquier tipo de emergencia que se pudiera suscitar; sin embargo, el 19 de marzo del 2016, a las once de la mañana, Carolina Miranda Olguín y Jorge Cervantes Cervantes llegaron a la unidad habitacional y (sin mostrar el permiso correspondiente ni ejecutar los protocolos de seguridad que se establecen en la Ley de Protección Civil; además de que las maniobras las realizaría una empresa que no estaba facultada para el descenso y transporte de los nueve tanques estacionarios de gas) dieron la orden de bajar los tanques, algunos, incluso, con gas y en un estacionamiento lleno de autos, con vecinos tomándo selfies y niños jugando debajo de los salchichones que aún tenían combustible y que flotaban amenazantes en el aire; mientras Carolina Miranda hacía alarde de su amistad con el director de Protección Civil, hablando con él en voz alta vía telefónica; dando órdenes a quienes descendían los tanques y avisando a los condóminos que, en cualquier momento, su cuatacho Cervantes Godoy se comunicaría con uno de ellos para que la dejaran hacer su trabajo.
De Carlos Cervantes Godoy y su dirección de Protección Civil nada se supo durante las maniobras de descenso de los tanques. Primer día de vacaciones de Semana Santa y Cervantes Godoy prefirió irse a tomar un descanso, que presentarse y aplicar protocolos para la prevención y protección de los condóminos de la unidad habitacional, confirmando con su proceder que como “funcionario público” ocupa el puesto por un pago de favores políticos y no por experiencia, conocimiento y preparación.
Cervantes Godoy se fue de vacaciones y regresó a su oficina para, el 01 de abril del 2016, según oficio DEL-AZCA/JD/DPC/2016-0592, intentar dar un explicación del porqué de su ausencia durante las maniobras y afirmar que: “… la empresa ACBS Administradora Profesional Carolina Miranda Olguín solicitó la autorización de esta Dirección pero al no exhibir los permisos en tiempo se recomendó se suspendiera la desconexión, descenso y retiro de los tanques. Finalmente, cabe mencionar que esta Dirección no dio la autorización escrita ni verbal a la empresa ACBS representada por Carolina Miranda Olguín para la maniobra de descenso y retiro de los tanques estacionarios”.
Semanas después, a Carlos Cervantes Godoy (funcionario inexperto en las artes de la Protección Civil, funcionario bastante cercano al actual Delegado de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, gente de confianza de Clara Brugada y dirigente de MORENA en Iztapalapa) le ganó la incertidumbre y el temor al ver evidenciada su ineptitud y –comentan los vecinos- su valemadrismo; le ganó el miedo a perder el hueso y a dejar de ganar la billetiza que actualmente le paga una delegación en la que el trabajo de sus autoridades delegacionales brilla por su ausencia, y en la que sólo aumentan las quejas que descubren a un partido (MORENA) que no sabe gobernar, que fácilmente cae en lo que critica de los demás partidos, que deja muy mal parado a su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador quien, por más que intenta convencer a los chintololos de que Pablo Moctezuma Barragán y su equipo son excelentes trabajadores y líderes, sólo recibe rechiflas de los ciudadanos que a diario viven y padecen el alza de la inseguridad, la delincuencia y la corrupción de quienes son parte de la estructura delegacional.
Así fue, de verdad, no se le puede dar otra explicación: a Carlos Cervantes Godoy le ganó el mello y el día que la Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco, a cargo de Ramiro Herrera San Martín (y por instrucciones de Fernando Jordán Siliceo Del Prado, Director de Contralorías Internas en Delegaciones “A” de la Contraloría General de la CDMX) le mandó llamar para que compareciera como funcionario público (el 29 de abril, a las 11:00 de la mañana, en las oficinas delegacionales, comparecencia que según quedó registrado en el expediente, realizó bajo protesta de decir verdad), Cervantes Godoy entregó a la Contraloría Interna de la Delegación Azcapotzalco la copia de un permiso que, según él, había entregado en tiempo y forma la administradora de la Unidad Habitacional, Carolina Miranda Olguín, por conducto de su socio, Jorge Cervantes Cervantes, mismo que –según comentaron- les faculta y autoriza a descender tanques estacionarios de gas LP de uso doméstico.
El permiso que Carlos Cervantes Godoy entregó como evidencia para demostrar que él había cumplido con su responsabilidad como funcionario público, y buscando salvar el hueso, es un permiso expedido por la Delegación Federal Morelos de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Subdelegación de Gestión para la Protección Ambiental, en Cuernavaca, Morelos, el 2 de julio del 2015. La titular de dicho documento es Alma Delia Solano Valdez, y tiene registrado el número de registro ambiental SOV7VI700411, oficio número 137010102685/2015, bitácora 17/HS-0055/05/15 y fue firmado por el Delegado de la SEMARNAT en Morelos, Julio Castillón Guillermo. Cabe hacer mención de que dicha Secretaría le otorga a Solano Valdez una ampliación de autorización con número 17-4-PS-11-04D-2011, gama de residuos peligrosos e industriales… Leamos con atención esto último: gama de residuos peligrosos e industriales.
Efectivamente, el flamante director de protección civil de Azcapotzalco, Carlos Cervantes Godoy, al verse tan cerca de la sanción por no cumplir como funcionario público, y bajo protesta de decir verdad, hizo uso indebido de un permiso que no cubre ni ampara las maniobras de descenso de tanques estacionarios de gas para uso doméstico, pues no se trata de residuos tóxicos ni material peligroso ni industrial; tan es así de incongruente el proceder del funcionario al entregar un permiso firmado por la SEMARNAT, que el 17 de mayo del 2016, en oficio número CG/DGCID/CI-AZCA/UDQDR/950/2016, el Contralor Interno, Ramiro Herrera San Martín, haciendo referencia a su comparecencia del 29 de abril, le escribe a Cervantes Godoy y le señala que la empresa que menciona no estaba autorizada al manejo de “gas licuado de petróleo”, por lo que, según la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, le solicita –nuevamente- le envíe copia certificada completa y legible del “permiso otorgado por SEMARNAT”, y Cervantes Godoy, al no saber de qué demonios habla Herrera San Martín, envía de nuevo copia del permiso que ya había entregado durante su comparecencia.
Ante esta situación, quien esto escribe buscó al Delegado de la SEMARNAT en Morelos, Julio Castillón Guillermo, para saber si efectivamente Alma Delia Solano Valdez tenía autorización y estaba facultada por esa Secretaría para llevar a cabo este tipo de trabajos y maniobras en Unidades Habitacionales de la Ciudad de México, sin embargo, al estar Castillón Guillermo de comisión, el Subdelegado de Gestión de Protección Ambiental de la SEMARNAT Delegación Morelos, Juan Ramón Acosta Gebreros, confirmó que la titular de dicho permiso no tenía autorización ni estaba facultada para llevar a cabo este tipo de trabajos, ya que su permiso es para recibir y transportar residuos industriales, residuos tóxicos y peligrosos y, que en este sentido, sólo ella puede acreditarse como transportista de este tipo de residuos, mismos que deben –también- estar registrados y autorizados por dicha Secretaría.
Es un permiso –afirmó Acosta- que involucra al titular en una normativa de inspección y de vigilancia, que debe respetar una cadena de custodia y llevar un estricto registro de los materiales que recibe para su transportación. El subdelegado afirmó también que los tanques de gas estacionarios, de uso doméstico, no están catalogados como residuos peligrosos por la SEMARNAT.
Por su parte, el Subprocurador de Inspección Industrial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Arturo Rodríguez Abitia, al cuestionarle el tipo de sanciones que se aplican por el uso indebido de un permiso firmado por una Secretaría de Gobierno Federal, comentó que el movimiento de tanques estacionarios de gas no es una actividad que regulen ni la SEMARNAT ni la PROFEPA.
“Efectivamente, la SEMARNAT puede expedir permisos para el manejo y transporte y disposición final de residuos peligrosos. Un tanque estacionario no es un residuo peligroso, es sólo un recipiente que se mueve y que idealmente al moverse debería estar vacío para reducir los riesgos durante la manipulación”, explicó el Subprocurador de Inspección Industrial.
Rodríguez Abitia añadió que la titular del permiso, Alma Delia Solano Valdez, exhibe un permiso para el transporte o el manejo de residuos peligrosos, pero esa autorización nada tiene que ver con la labor que realiza en la Ciudad de México: el retiro de tanques estacionarios de gas de uso doméstico.
El Subprocurador Rodríguez Abitia agregó que Solano Valdez utiliza el permiso que le expidió la SEMARNAT sin tener la menor idea de lo que tiene autorizado, “nada tiene que ver con el descenso de tanques estacionarios de gas”, aseveró.
Al comentarle que el Director de Protección Civil de la Delegación Azcapotzalco, Carlos Cervantes Godoy, había entregado copia de ese permiso a la Contraloría Interna de la Delegación y, por ende, al Director de Contralorías Internas en Delegaciones “A” de la Contraloría General de la CDMX, el Subprocurador de Inspección Industrial de la PROFEPA aseguró que se trata de una cortina de humo utilizada por Cervantes Godoy, ya que “el permiso nada tiene que ver con las labores que se realizaron. Ese permiso –explicó- no los cubre, ese permiso no es para los fines que lo presentaron”.
“Lo que está haciendo es aprovecharse de la ignorancia de las personas que le cuestionan el trabajo, mostrándoles un permiso que nada tiene que ver. Se está haciendo un uso indebido de esa autorización”, concluyó.
Después de hablar con los funcionarios de la SEMARNAT delegación Morelos y de la PROFEPA, quien esto escribe decidió llamar a la titular del permiso, Alma Delia Solano Valdez. Era necesario saber si la titular sabía del mal uso que le estaban dando a su permiso; llegué incluso a pensar que la pobre mujer no tenía siquiera idea de que estaban haciendo mal uso a su nombre y que estaban abusando de su confianza y, para mi sorpresa, Solano Valdez me comentó que, efectivamente, ella se dedica a bajar tanques estacionarios de gas de unidades habitacionales de la Ciudad de México, y que “usa” el permiso que le otorgó la SEMARNAT para que los vecinos no le den problemas y la dejen hacer “su trabajo”. Al preguntarle a la señora Solano Valdez si estaba consciente de que ella no tenía permiso para llevar a cabo ese tipo de servicios, y que estaba haciendo mal uso no sólo de un permiso, sino de un documento firmado por la SEMARNAT, ella me respondió que sí, que estaba consciente de ello.
Afirma Andrés Manuel López Obrador que los cambios en lo político, económico, social y cultural se lograrán imprimiendo principios éticos a su movimiento, a su partido MORENA, defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos (dice). Nuestra acción individual y colectiva –prosigue en su página WEB- está sustentada en principios de honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar una nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural y económico…
¿De verdad cree el líder de MORENA que el Delegado de Azcapotzalco, Pablo Moctezuma Barragán, y sus protegidos, como el director de Protección Civil, Carlos Cervantes Godoy, están alejados de los vicios y la corrupción? ¿En serio cree que estos funcionarios públicos imprimen principios éticos y defienden los derechos humanos, la libertad y la justicia? Si así fuera, Carlos Cervantes Godoy no haría uso indebido de permisos firmados por instancias federales ni protegería a quienes abusan de la confianza de la gente; no solaparía el robo ni la corrupción, y tampoco se dejaría llevar por el tráfico de influencias. No caería en la mentira ni en el ridículo cuando se le pide comparecer bajo protesta de decir verdad, ni demostraría que utiliza permisos firmados por Secretarías del Gobierno Federal para cuidar que su cabeza continúe en su lugar.
Carlos Cervantes Godoy violó el Capítulo V del Código Penal Federal, Artículo 247, Fracción I que a la letra dice: se impondrán de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad. Cervantes Godoy es un funcionario público que desconoce el Artículo 16, fracción XII de la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal que afirma que la Dirección de Protección Civil a su cargo debe ejecutar, cumplir y vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del reglamento y otras disposiciones en materia de Protección Civil.
Este funcionario público, Director de Protección Civil de Azcapotzalco es militante de MORENA, un partido que presume su ética y rectitud. ¿Se aplicará la Ley para que Carlos Cervantes Godoy sea sancionado como lo estipula el Código Penal Federal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos? Usted, ¿a qué le apuesta?