Agravar las penas de prisión por abuso sexual en el transporte público, plantea el PAN

En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, los diputados José Antonio García García y Karla Leticia Fiesco García presentaron iniciativas para aumentar las penas de prisión en una mitad cuando una violación, abuso o acoso sexual ocurran en el transporte público, así como para establecer penas de cinco a 10 años de prisión y de uno a tres veces el valor de lo robado a quien hurte en una unidad económica del sector comercio, industrial o de servicios, y que este delito se califique como grave.

Con la primera iniciativa, las sanciones por abuso sexual aumentarían, de suceder en el transporte público, de cuatro a ocho años de prisión y de 10 a 30 años si es contra menores de edad; en tanto que para los casos de violación, el castigo máximo pasaría de 20 a 40 años de prisión, explicó el legislador José Antonio García.

El diputado puntualizó que ante las condiciones de inseguridad para las mujeres en el transporte público, es necesario desincentivar la comisión de delitos como la violación y el abuso y acoso sexual a través de acciones efectivas y contundentes, por lo que su propuesta plantea incrementar las sanciones cuando estos delitos se perpetren en instalaciones o medios de transporte público en sus diferentes modalidades o en vehículos de transporte privado solicitados por aplicaciones.

Detalló que la violación y el abuso y acoso sexual son los delitos que con mayor frecuencia padecen las mujeres en el transporte público, y que incluso en 2018 el Estado de México fue la entidad del país en la que más delitos de esa índole se cometieron; además recriminó el incremento de estos delitos en los últimos cuatro años, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP): 970% el abuso sexual, 84% el acoso sexual y 477% la violación.

Comentó que en la entidad, según encuestas de la Secretaría de Movilidad, los delitos contra la libertad y la seguridad sexual de las mujeres en el transporte público se concentran mayormente en la Zona Metropolitana del Valle de México y en el municipio de Toluca, donde 87% de las usuarias del transporte público dijeron haber padecido miradas libidinosas; 52%, piropos obscenos; 56%, empujones; 59%, manoseos; 18%, fotos sin consentimiento, y el 20%, persecuciones sexuales.

QUE EL ROBO A COMERCIO SEA DELITO GRAVE

La diputada Karla Leticia Fiesco García (PAN) propuso que el robo a negocio se sume al catálogo de delitos graves para eliminar los beneficios legales que actualmente prevé la normatividad, además de incrementar la penalidad y generar acciones coordinadas de las autoridades y los negocios para inhibir el ilícito, ya que su incidencia ha crecido y las víctimas pocas veces denuncian debido a las presiones y amenazas que reciben de los delincuentes.

Al recordar que 50% de los robos a negocio son con violencia, la diputada indicó que su iniciativa también propone facultar a los ayuntamientos para generar políticas públicas enfocadas en implementar acciones y estrategias coordinadas entre el ámbito público y el privado, a fin de prevenir y, en su caso, erradicar el robo a negocio.

Dado que en 2018 la Ciudad de México y esta entidad registraron la mayor proporción de ilícitos y 40% de su población fue víctima de alguno (según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía), y que el robo a negocio con y sin violencia en el estado creció, de enero a septiembre de este año 61% respecto al mismo periodo del 2018 (de acuerdo con el SESNSP), la legisladora dijo que no hay estrategia eficaz en la materia, por lo que es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno para encontrar soluciones.

Para su dictamen, la iniciativa del diputado José Antonio García, que plantea agregar una fracción XXI al artículo 290 del Código Penal del Estado de México, fue enviada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Comunicaciones y Transportes; en tanto que la propuesta de la diputada Karla Fiesco, que incluye reformas y adiciones al mismo Código y a la Ley de Seguridad de Estado de México, fue turnada a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Seguridad Pública y Tránsito.